¡Esto se hunde! La Abogacía de la Comunitat decide no proseguir como acusación particular contra Jaume Matas en varias piezas separadas de la causa Palma Arena y ello crea tensiones en el Pacto entre PSOE, Més y Podem. Como ya se pudo ver en la comisión parlamentaria sobre Son Espases, a nuestros representantes públicos les ha dado por ejercer de juzgadores. Deben de haber olvidado que para ello es necesario graduarse en Derecho y aprobar unas oposiciones. Si existiera un quinto turno destinado a los políticos habría cola para obtener plaza.
La Abogacía de la Comunitat está formada por juristas, todos ellos de reconocido prestigio, que han seguido día a día las actuaciones e investigaciones llevadas a cabo en la fase de instrucción, al contrario de la mayoría de políticos y ciudadanos a pie, cuyo medio de conocimiento han sido los medios de comunicación, quienes lanzan las noticias condicionados por la interpretación realizada por su particular fuente de información, que en muchas ocasiones es interesada. Por lo tanto, es demasiado fácil criticar la decisión de la Abogacía cuando se carece de toda la información.
Es difícil -casi imposible- que los políticos, así como la mayoría de los ciudadanos, se abstraigan de su ideología, militancia, intereses o sensibilidad a la hora de lanzar opiniones sobre la decisión de dejar de ser parte acusatoria en el proceso penal, y fundamenten su opinión sólo en consideraciones jurídicas. La carencia de conocimientos y de imparcialidad es la explicación.
Bien estaría que por una vez los parlamentarios e integrantes del Govern dejen actuar sin lanzar a escena de debate a quien ha sido designado para ello por motivos de capacidad, y no se empeñen en obtener réditos políticos de este tipo de situaciones tan desagradables. Tenemos ejemplos en Mallorca de algún caso en que los servicios jurídicos de una institución consideraban que no existía motivo para presentarse como acusación particular ante lo cual los dirigentes de la institución decidieron contratar un bufete privado para ejercer dicha acusación (y de paso pedir una pena superior a la solicitada por Fiscalía Anticorrupción). Ello huele demasiado a un intento de utilizar la institución y sus recursos con un interés partidista y vengativo.
A todo ello, cabe preguntarse si es adecuado que las instituciones se presenten como acusación particular solicitando penas o si no sería suficiente que se personen en las causas para ejercer las acciones civiles, esto es, asegurarse que, en caso de condena, los responsables hagan frente a la responsabilidad civil consiguiente y, por tanto, resarzan a la administración en lo defraudado o malversado. Al fin y al cabo, lo que siempre manifiestan los ciudadanos, en lenguaje de la calle, es “que devuelvan lo robado”. Recordemos que para acusar ya está el Ministerio Público. ¿Qué interés puede tener la administración per se de que Matas pase más o menos años encarcelado? Cero.
Autor: Francesca Jaume