Justicia versus sociedad. Esta es la conclusión que se saca después de ver la reacción social a la absolución de José Ramón Julio Martínez Vázquez “Ramoncín” por el caso SGAE. Si antes enarbolábamos el Derecho a la presunción de inocencia para que una persona no fuera condenada socialmente por ser investigada dentro de un proceso judicial penal, ahora ya no sirve ni siquiera una sentencia donde se resuelve la no culpabilidad para que muchos ciudadanos se convenzan de que el procesado es inocente.
Por lo leído en las redes sociales durante esta semana, que te absuelvan en un juicio no es óbice para que te sigan llamando “ladrón”, “chorizo” o “gentuza”. Es verdad que al menos el sr Ramoncín se libra de los 5 años de cárcel que le pedían por apropiación indebida y falsedad documental -más que los 4 solicitados al sr Miguel Ángel Flores por el homicidio imprudente de 5 jóvenes en el Madrid Arena-, sin embargo, la estigmatización social que ha padecido él y su familia durante estos años permanece inalterable.
Cuando uno ve este panorama, llega a pensar que más conveniente sería disolver todo el sistema judicial, mandar(nos) a todos los magistrados, fiscales, secretarios judiciales, funcionarios, abogados y procuradores al paro, y sacar una guillotina en la plaza mayor para ejecutar directamente a todo el que no goce del favor colectivo. Porque… la noble y dificil labor de “juzgar y hacer ejecutar lo juzgado” ya no tiene valor para muchos.
Y no tiene valor porque la percepción, para demasiadas personas, es que una sentencia condenatoria es justa, mientras que la absolutoria significa que “el juez estaba comprado” . Esto es lo que seguro -no hace falta ser la pitonisa Lola- le va a pasar a la Infanta Cristina. Si la Audiencia Provincial de Palma decide que el proceso Nóos no debe de seguir para ella, aunque sea con la argumentación técnicamente mejor elaborada de la historia, la reacción común será que es fruto de un tráfico de influencias.
A todo eso, el sistema judicial bien podría hacer autocrítica para analizar en cuánto ha contribuido a esta situación. En una entrevista concedida a mallorcadiario.com, Antoni Montserrat, vocal mallorquín del Consejo General del Poder Judicial, calificaba las filtraciones como “una plaga y un cáncer para la Justicia y la Democracia”. Y es que la continua exposición interesada de los asuntos judiciales no ha hecho más que sufragar este Gran Hermano procesal en el que los ciudadanos, más que ser el dictador que todo lo observa y controla, se han convertido en las ratas que muerden la cara que les meten en la caja.
No es bueno dejarse llevar por una sed de venganza generalizada hacia toda persona que se encuentra inmersa en un proceso penal debido a la existencia de indicios delictivos. El caso de Dolores Vázquez, acusada y condenada por el asesinato de Rocío Wanninkhof, es paradigmático: tuvo que soportar un linchamiento ciudadano y mediático ignominioso cuando, a los cinco años de su privación de libertad, se descubrió que el asesino era otra persona.
No quiero desear el mal a nadie, sin embargo, más de uno cambiaría su opinión si se encontrara investigado por algún delito no cometido en base a ciertas sospechas.
Perdón por generalizar.
Autor: Francesca Jaume